Finalmente, el pasado 12 de junio, el gobierno consiguió un triunfo parlamentario que le sirve para avalar, desde el Congreso, la brutal política de ajuste que viene implementando desde su asunción. Pero llegar al empate que le permitió a Victoria Villarruel tomar la decisión final no fue tarea fácil para el gobierno de Milei. Su principal armador político, Guillermo Francos, negoció con “dios y con el diablo” para lograr los votos necesarios.
Desde la escandalosa compra del voto de la neuquina Lucila Crexell con un puesto como embajadora en la UNESCO hasta la promesa del aumento de regalías a ciertas provincias, el gobierno mostró todas sus cartas juntas y ahora depende de una serie de acuerdos con sectores diversos que muestran su fragilidad desde el mismo origen. Lógicamente, la desconfianza es mutua, ya que todos y cada uno saben con qué calaña están tratando.
Esta desconfianza también se traslada al Imperialismo, que sigue sin ver a Milei como un esbirro confiable a la hora de aplicar el ajuste sin agravar la crisis política, social y económica del país. No es casualidad que el Banco Mundial haya empeorado el pronóstico para Argentina este año, pronosticando una caída del 3,5% del PBI y una profundización de la recesión.
La crisis política se manifiesta en los escándalos de corrupción, la renuncia masiva de funcionarios (casi 50), el desastroso comportamiento en materia de política internacional y en la inoperancia de los funcionarios asignados. La crisis social, en el aumento brutal de la pobreza, la caída estrepitosa del salario, el aumento de la desocupación y el deterioro sistemático de las condiciones de vida de la población. Finalmente, la crisis económica (el “fuerte” de Milei) se expresa en números incontrastables que, juntos, generan un combo explosivo: recesión-inflación-desempleo.
El resultado de este “triunfo” fue una Ley Bases diezmada que pasó de los originales 664 artículos a 232 (poco más de un tercio). Las provincias, unilateralmente o en bloque, consiguieron imponer algunos puntos con el fin de lograr el dinero necesario para que la situación no se desmadre; ya que los fantasmas de Misiones sobrevuelan todo el territorio argentino. Aunque está claro que, dentro de ese fino equilibrio entre el desborde y el ajuste, a la hora de aplicarlo los gobernadores de las distintas provincias son “mileistas de la primera hora”. En provincias como Santa Fe ya se empieza a hablar de reforma jubilatoria y pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Ante semejante saqueo, la clase comienza a salir. Seguramente ningún gobierno en la historia argentina moderna ha tenido tantas manifestaciones en su contra, en apenas seis meses de gobierno; incluyendo dos paros generales, arrancados a la burocracia sindical, a pesar de los dirigentes. El crecimiento de la protesta genera también una respuesta represiva por parte del gobierno. No son diferentes ni originales en esto tampoco. La famosa frase que todos los trabajadores conocemos: “el ajuste no cierra sin represión” cobra especial intensidad en este contexto. La represión del miércoles 12 de junio, mientras sesionaba el Congreso, fue un “salto de calidad” en la criminalización de la protesta. Los métodos son los mismos de siempre: infiltrados, cacería indiscriminada, represión brutal, exagerada presencia policial, etc… Sí, hay un avance en la criminalización de la protesta social. Todo ello con el aval de la corrupta justica, que rubrica las delirantes acusaciones del gobierno sobre sedición, terrorismo, golpe de Estado.
En este marco, los trabajadores y trabajadoras no podemos quedarnos sentados mirando la película por TV; ni mucho menos suponer que nos van a salvar las instituciones burguesas. En primer lugar, tenemos que impulsar una gran campaña nacional por la liberación de los detenidos y detenidas, denunciando el accionar del gobierno y debatiendo con los compañeros de trabajo sobre los nuevos y viejos métodos que utiliza el gobierno para amedrentarnos y buscar que no salgamos a la calle. Como así también discutir (con los métodos de nuestra clase) cómo defendernos en las próximas marchas, donde la represión irá, sin dudas, en aumento.
La imposición de un paro general, arrancado a las burocracias sindicales, es de una necesidad imperiosa. No hay motivos para no convocarlo, salvo por la existencia de una connivencia entre las centrales y el gobierno. Si no es con los dirigentes a la cabeza, será con la cabeza de los dirigentes.
Por ello, finalmente, en este proceso de lucha en defensa del salario, las jubilaciones, la educación y la salud públicas o los puestos de trabajo; para satisfacer las necesidades más apremiantes de la clase trabajadora y los sectores populares, necesitamos construir una nueva dirección sindical y política que sea democrática, antipatronal, antiburocrática, combativa e independiente de los gobiernos y partidos patronales. Y que tenga como principal objetivo impulsar la unidad y coordinación de las luchas para derrotar el plan del gobierno y las patronales.
Verdad Socialista 